Con los incendios, las inundaciones, las variaciones del clima, la extinción de especies y la degradación de ecosistemas es difícil negar la crisis ambiental y climática en la que nos encontramos. Esto debe obligar a los países a actuar en favor del ambiente y construir herramientas que nos permitan proteger a la naturaleza porque incluso, desafortunadamente, esta lucha por defender el territorio y al planeta ha costado la vida de muchas personas, lo que eleva el nivel de urgencia.
Existen iniciativas a nivel mundial que muestran los esfuerzos que se están haciendo por promover una relación más armónica con nuestro planeta y también acciones para proteger a los defensores de la tierra. Una de estas surge en la región latinoamericana y del Caribe, con la firma y entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer instrumento ambiental regional y pionero en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
“Su objetivo es garantizar el derecho de todas las
personas a tener acceso a la información de manera
oportuna y adecuada, a participar de manera significativa
en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a
acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido
vulnerados.”
Sin lugar a duda, no sorprende que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las organizaciones más antiguas en temas medioambientales y en la que confluyen especialistas e instituciones dedicadas a los temas ambientales, busque promover e involucrarse en los procesos relacionados al Acuerdo de Escazú.
Por eso, en los meses de julio y agosto se realizaron cinco sesiones en las que integrantes de la UICN, así como personas y organizaciones que no forman parte de ella dialogaron sobre los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Estos diálogos titulados Jueves de Escazú con la UICN fueron organizados por los Comités Regionales del Caribe, Mesoamericano y de Sudamérica, la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC), y la Alianza de Derecho Ambiental y Agua todas forman parte de la UICN.
La conversación estuvo centrada en los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales (derechos de acceso), y se identificó que en la región hay retos comunes en los que urge colaborar, como la adecuación de los marcos normativos de los países a los contenidos del Acuerdo; el fortalecimiento de los procesos de capacitación a servidores públicos, legisladores y personal del poder judicial; y la generación de procesos de comunicación incluyente y culturalmente diferenciados para poder llegar a las comunidades rurales e indígenas.
También puede ver la grabación de las sesiones en el canal de YouTube de la CEESP https://www.youtube.com/channel/UCtKMA8LPmxDvoazCbx2-p1A